En momentos en que sufrimos una catástrofe de dimensiones tristemente históricas, junto a las más básicas necesidades humanas, se precisa de  manera acuciante  el acceso a información relevante y por sobre todo útil.

El silencio informativo sobre las zonas donde el terremoto impactó con mayor fuerza duró demasiado tiempo, a niveles tal vez inaceptables para un país que se pretende moderno y que camina hacia el desarrollo.

Hoy, contra todo sentido común, el dramático ascenso de la cifra  de víctimas fatales no fue la principal noticia para los grandes medios.  

Fueron en total horas las que dedicaron y siguen dedicando a los saqueos a supermercados en Concepción y otras zonas castigadas por la naturaleza y el consiguiente desabastecimiento.  Imágenes (que no son muchas: el tipo que se lleva un refrigerador, detectives de gatillo fácil en Santiago, el guanaco que “reparte agua”), repetidas una y otra vez en televisión,  más los comentarios alarmistas de autoridades locales que pedían desde muy temprano “marinos y militares en las calles, porque hay caos”.

Sumemos también los largos sermones de periodistas como Iván Núñez. Numerosos juicios morales sobre moros y cristianos ayudaron a crear un clima de opinión que empujó a la adopción del toque de queda en el sur, que los grandes medios celebraron en sus ediciones electrónicas. Se impone el orden.

Pero esa severidad para emitir juicios de valor sobre personas que obran con distintas motivaciones (desesperación, necesidad, simple delincuencia) no se repite a la hora de evaluar el comportamiento de otros actores en esta catástrofe.

A modo de ejemplo, las empresas concesionarias siguieron cobrando peaje pese al desastroso estado de las carreteras y a los llamados de la autoridad pública. Que decir de la responsabilidad de algunas empresas constructoras en la destrucción de edificios de reciente levantamiento.

Más curiosa parece la flexibilidad de los medios de comunicación para tratar el fatal error de la Armada de Chile, que aseguró que no sobrevendría un maremoto. Como se sabe, ocurrió lo contrario.

El orden público,  la propiedad privada supera en importancia otros bienes más preciados, y eso se mide en horas, en páginas.

Como contrapartida, persiste la desinformación sobre el estado y restitución de servicios básicos. No hay un catastro, no se habla de plazos. No hay tampoco información completa sobre el suministro de ayuda, de atención sanitaria, de número de heridos.

Los grandes medios,  en su naturaleza de servicio público una vez más quedan en deuda con la población.