El tema predilecto de estos días para la gran  prensa ha sido Venezuela. Sin mucho pudor Mega, Canal 13, La Tercera y El Mercurio  pontifican sobre la libertad de expresión. En otras ocasiones se ha afirmado categóricamente que no existen medios de oposición en ese país.

La editorial de La Tercera de ayer denuncia una  supuesta pretensión de  alcanzar una  hegemonía de las  comunicaciones en la nación caribeña. No descubrimos la pólvora si afirmamos  que es en Chile donde existe una supremacía casi absoluta de una poderosa minoría sobre los medios de comunicación. En el campo de la prensa escrita, el duopolio Saieh-Edwards se ha empeñado con gran eficacia en restringir la libre circulación de ideas. Un ejemplo de ello fue la firme oposición a la reaparición del diario Clarín, con la presta colaboración de los gobiernos de la Concertación.

¿Y nuestra televisión?

Si hablamos de televisión, constatamos que estamos sometidos a una diaria  transmisión en cadena, de crímenes, chimuchina política y judicial. Incluso  la crónica roja es perfectamente uniforme, opera una misma selección de eventos para todos los canales. Tal deterioro del derecho a la información en este ámbito es directamente adjudicable a la nula voluntad de esta administración y de las anteriores por democratizar el régimen.

Así lo demuestra el proyecto de ley de Televisión Digital enviado por el ejecutivo, que en líneas gruesas mantiene el estatus quo. Pese a que se reservará un  porcentaje del espectro radioeléctrico para señales regionales y culturales, la flexibilización del sistema de concesiones permitirá que los concesionarios administren más de un canal.

Es decir, los mismos canales de hoy se multiplicarán por varios, segmentando su oferta. El punto está en que prevalece un concepto de la información como plataforma de negocios, no como un bien público, ni como un derecho humano. Se relevan ventajas técnicas como la calidad de la imagen o la posibilidad de “participar en concursos y comprar online” (Periódico Chile Contigo , edición de Octubre de 2009, Gobierno de Chile).

Tema aparte es la inexistencia de un canal público, necesidad que tampoco se aborda en la propuesta gubernamental.

En buenas cuentas, la libertad de expresión en nuestro país no sufre de demasiados “ataques”, sino de una enfermedad crónica, incurable en el corto plazo. Chile tendrá a partir de marzo la particularidad de que todos los medios de impacto masivo serán afines al gobierno. A esta altura, las lágrimas de cocodrilo no sirven de mucho.