Ese parece ser el mensaje que subyace a las informaciones sobre Guillermo Zuloaga, presidente del canal venezolano Globovisión, insistentemente señalado como crítico con el gobierno. Pesa sobre Zuloaga una orden de detención por un delito de contrabando de automóviles, que los medios interpretan como un atentado a la libre expresión.

Ayuda a esta interpretación el empleo de frases de ambiguo significado. La radio Cooperativa informó el 11 de junio que el “Gobierno venezolano ordenó detención de director de Globovisión”. Primero, no fue el gobierno quien expidió la orden sino que el Ministerio Público , órgano persecutor análogo al chileno. Ya el titular va direccionando la noticia, como se aprecia después en su desarrollo.

La nota de Cooperativa omite la naturaleza de la causa judicial, insinuando que responde a las imputaciones dirigidas por Zuloaga contra Chavez en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí, el empresario acusó al presidente venezolano de ser el responsable de las muertes ocurridas durante el golpe de estado de 2002. Pero eso corresponde a un episodio anterior. Sólo afirma como “una causa judicial adicional” la imputación por acaparamiento de vehículos.

El Mercurio, por su parte, publica una columna editorial titulada “Los medios contra Chávez”, donde proclama con total soltura que la libertad de expresión es “imprescindible para toda democracia real”. Insiste además en que existe una persecución política en contra de Zuloaga, sin mencionar que el mismo empresario no desmintió la imputación, admitiendo que “nosotros podemos ser que especulemos, pero damos fuentes de empleos”. Al mismo tiempo apoyaba el golpe de estado de Michelletti, afirmando su deseo de que en Venezuela “se respetara la Constitución”, “como se respeta en Honduras”.

Si bien es evidente el extendido conflicto entre los medios de derecha y el gobierno venezolano, resulta un mal argumento elevar por sobre el bien y el mal a sus propietarios, de forma tal que no pueden ser responsables de delitos comunes.

Por otra parte, los medios son también actores políticos, cada vez más incidentes, y en esa calidad intervienen en los conflictos políticos. La pretensión de transformarlos -bajo el manto de la libertad de expresión- en empresas intocables, al margen de toda regulación, refleja que la vocación democrática de algunos no es absoluto sincera, como se demostró en el pasado.