La discusión sobre la LGE no está agotada ni mucho menos. No mientras la calle siga viva.
Al menos ya queda suficientemente claro cuál es el objeto principal de la iniciativa legislativa: mantener a toda costa el sistema educacional privado. La defensa pública del proyecto transita desde la descalificación directa de sus críticos hasta la vacía afirmación de que estamos en presencia de un “gran avance” frente a la LOCE.

Cuando la prensa conservadora intenta llevar la cuestión a un plano más racional el resultado no parece ser muy convincente.
La última columna del académico Carlos Peña sorprende por una serie de afirmaciones sin sustento real, que lanza a propósito de la eventual inyección preferente de recursos al sistema municipal. Dejamos estos párrafos:

-“…los más pobres pueden escoger entre la escuela municipal o algunos de los diversos tipos de escuelas particulares subvencionadas…”
¿Podrán efectivamente los pobres escoger la educación de sus hijos? ¿Existe tal libertad de elección en los sectores populares?

-“…la educación particular (subvencionada) expresa preferencias diversas que a una sociedad democrática le interesa preservar y poner al alcance de todos…”
No hay vestigio alguno que acredite diversidad como fruto de la educación subvencionada. Por el contrario, la gran mayoría de esta clase de establecimientos no posee un proyecto que lo distinga del resto (calidad ni hablar) , ni tampoco tiene incentivos para tenerlo pues la plata estatal llegará de todos modos.

En la misma línea, un ejemplo inverosímil: “…¿Por qué privar a un grupo mapuche pobre -interesado en preservar su cultura- de la posibilidad de fundar un colegio bajo las mismas condiciones de subsidio que uno público?”

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