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Por Silvia Escobar *

I Parte: La patronal del campo impulsó la Ley de Medios en Argentina

En agosto de 2009 se entregó al Congreso la propuesta de reforma de la Ley de Medios Audiovisuales. Los medios concentrados de comunicación reaccionaron enérgicos y acusaban al gobierno de ir contra la libertad de expresión. Pero la ley había salido desde diferentes organizaciones, de diversos foros.

No sólo había recorrido el país sino que era una ley elaborada y acariciada desde los años 80´. Por su parte Pérez Esquivel hizo duras declaraciones contra el grupo Clarín: “… aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa…”.

Desde las empresas periodísticas se instaló que peligraba la libertad de expresión, la población alarmada hablaba de este tema en todos los ámbitos. La Ley de Medios era tema de arduos debates entre los ciudadanos y no hay que olvidar que un sector de la población había comenzado a comparar discursos, a hacer análisis no solo del rol de los medios sino también de los periodistas.

Lo cierto es que las grandes corporaciones mediáticas del país convocaron al ciudadano a salir en “defensa de la democracia” confiados en su capacidad de crear “sentido común” pero conforme avanzaba la justicia en la investigación de los crímenes de la dictadura también salía a la luz la complicidad civil y con ello la complicidad de los medios de comunicación.

Con el estallido del conflicto estudiantil chileno es inevitable preguntarse si habrá llegado el escenario político propicio para un futuro debate sobre los medios. Por supuesto que los procesos sociales no son idénticos pero es revelador que el conflicto educativo que atraviesa a casi toda la sociedad chilena pone en discusión lo hecho por un gobierno no representativo. En este contexto nuevamente queda expuesto el rol de los medios. Las familias salen a las calles a reclamar pacíficamente por la educación como un derecho que sea garantizado por el estado pero los medios de comunicación lo único que reflejan son los hechos de violencia con una clara intención de criminalizar la protesta. Entonces el ciudadano compara lo que se vive en las calles de las diferentes ciudades de Chile, con lo que dicen los comunicadores. No es la idea sacar conclusiones apresuradas sobre las repercusiones del movimiento estudiantil a largo plazo pero pensando en reformas estructurales: ¿le habrá llegado el turno de los medios masivos de comunicación en Chile?

*Estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Luján, Argentina.

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