Buenas noticias llegan desde Norteamérica. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró en un fallo aprobado por cinco votos contra cuatro que la Constitución garantiza a los detenidos de la base naval de Guantánamo el derecho a recurrir a la justicia federal, lo que representa un nuevo revés para el Presidente George W. Esta es quizás la derrota judicial mas importante recibida por la administración, con respecto a los presos, encerrados por tiempo indeterminado y sin cargos en la base naval.

 Esto es un avance importante por cuanto acelerara la liberación de muchos de los presos que se encuentran hoy en la base naval, mas aun tomando en cuenta que antes de esta resolucion, un porcentaje altísimo casi cercano al 98 % de los detenidos en Guantánamo han sido liberados sin que se haya formulado cargos en su contra. Sin embargo quedan cerca de 270 personas quienes podrán optar a que su situación judicial sea revisada por un tribunal imparcial, lo que por lo demás, es lo mínimo.

La resolución señala que los detenidos “tienen el privilegio constitucional del hábeas corpus”.

Sin embargo esta importante noticia fue casi nulamente abordada por nuestros intrépidos editores nacionales. Nada en el Mercurio y una pequeña nota en la Tercera y pare de contar.

A este respecto esta fue la reflexión del Secretario de Justicia de los EEUU Michael Mukasey “Estoy desilusionado porque esto quiere decir que serán cientos los recursos” Como se puede apreciar el mensaje entrega una profundidad incuestionable.

En este mismo sentido y en un ataque de honestidad muy poco convincente, el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, admitió este viernes que los informes sobre abusos en la prisión de Guantánamo “sin duda fueron un golpe que ha dejado en mal lugar a los EEUU”, pero no quiso comentar el fallo del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los detenidos a acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad.

Más de dos tercios de los que han pasado por esta prisión han sido alojados en condiciones inhumanas, según un informe publicado por Human Rights Watch, el último en denunciar las condiciones en las que se encuentran los detenidos, todavía 270.