“Hostigamiento a medios argentinos”, titula El Mercurio en una pasada columna editorial. El asunto no es otro que la creación de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo por parte de la administración trasandina, órgano cuyo cometido sería “la evaluación, seguimiento y monitoreo de las emisiones vinculadas con la comunicación oficial”, según informó el diario Clarín.

De acuerdo a El Mercurio, se trata de un nuevo “capítulo de la historia de hostigamientos que el gobierno argentino ha emprendido contra los medios que no le son afines, especialmente Clarín y La Nación”.

Sin embargo, no queda claro cuál es la conducta de “acoso” hacia los medios. La información pública, particularmente aquella que proviene de los medios de comunicación, es un insumo básico de la actividad política. Su permanente sistematización y análisis, por lo tanto, es una necesidad que debe ser satisfecha por todo gobierno. Más aún, resulta deseable que partidos políticos y movimientos sociales procesen con rigurosidad lo publicado por la prensa. No debería extrañar que esta tarea sea ejecutada por estructuras especializadas.

Esta crítica nos recuerda en cierta medida el frustrado monitoreo del gobierno chileno de las redes sociales. Polémica algo exagerada, pues sólo tenía por objeto aquellas opiniones de difusión abierta. Las objeciones se planteaban en relación a potenciales intromisiones en la vida privada de las personas. Convendría advertir a El Mercurio que los medios, en cambio, no tienen “vida privada”.

Pretender que el nivel político -de cualquier país- no cuente con un panorama diario y detallado del debate público, inhibiéndolo por una supuesta “vigilancia” u “hostigamiento” hacia la prensa, constituye un cuestionamiento rayano en el ridículo.
Del mismo modo, resulta insostenible la victimización de los medios hegemónicos cada vez que se asoma una crítica a su rol en los procesos políticos.