Para Ricardo Cruz Coke (”Geografía Electoral de Chile”, 1952) el cohecho constituyó el mayor vicio de nuestro sistema electoral después de 1925. Según narra este autor, en los latifundios el patrón tenía voto plural ya que echaba a los inquilinos en camiones y los llevaba al pueblo a votar toda vez que el procedimiento de votación facilitaba y fomentaba específicamente el cohecho: “Si ha votado bien se le paga a la vuelta a la hacienda” era la consigna. En las zonas urbanas los electores llegaban a la secretaría de propaganda donde les daban una tarjeta y el voto particular, los vigilaban y controlaban durante la votación y si votaban bien les pagaban en un lugar ad hoc que cambiaba constantemente.
Según Cruz Coke el cohecho lo practicaban todos los partidos desde la derecha a la izquierda. No obstante, este autor concluía que “se puede considerar el cohecho como un factor que ha influenciado en forma decisiva el mantenimiento del poderío electoral de los partidos de derecha en las zonas rurales y, parcialmente, en las urbanas”.
Esta práctica, en la forma descrita, perduró hasta 1958, año en que entró en vigor la Ley Nº 12.891, de 26 de junio, que estableció la cédula única confeccionada por la Dirección del Registro Electoral impresa en papel no transparente que llevaba el sello con marca de agua indeleble de dicha Dirección. Esta ley también incorporó a la cédula la indicación de serie y numeración correlativa como conocemos hoy en día.
No obstante lo anterior, las campañas electorales de los últimos años han venido introduciendo métodos que deben ser objeto de análisis si aspiramos a que el derecho a voto se manifieste por medio de un sufragio que tenga las características de ser libre, secreto e informado. 
El cohecho moderno
El diario La Nación en su edición del 10 de octubre informó que el Diputado Fidel Espinoza fue “atacado por una turba de personas que recibían ayudas en canastas familiares y pagos de cuentas en lo que se denominan “los viernes populares” en la comuna de Llanquihue, luego de que se “apersonó en el lugar para denunciar cohecho electoral”. Conforme relata este medio “La presencia del diputado generó el enojo de quienes recibían las ayudas, saliendo agredido el honorable, dos periodistas del diario El Llanquihue, y el candidato a alcalde por la Democracia Cristiana, Carlos Tudela, quienes terminaron constatando lesiones al Hospital local. La furia de los agresores fue tal, que incluso a la salida del centro asistencial hubo quienes esperaron al parlamentario con el ánimo de darle una segunda paliza, por lo que el legislador y quienes constataron lesiones salieron del hospital con un amplio resguardo policial.”
El mismo diario en su edición de 24 de octubre informó que Sebastián Piñera defendió el “sorteo entre electores de electrodomésticos, viajes a Buenos Aires y hasta motos (añade que “el candidato de RN por Cerro Navia, Luis Plaza, optó por rifar este último “presente” en el cierre de campaña”) por parte de candidatos de derecha, quien legitimó estas extrañas “gentilezas” con los ciudadanos a horas de los comicios locales.”.
Para el ex Senador – informa La Nación- “No se puede comparar una rifa, que hacen los candidatos con recursos legítimos de sus campañas para beneficiar a la gente, con el uso y abuso de los recursos públicos, como se hizo con Indap, Chiledeportes, como se hace con los planes de empleo”, advirtiendo que “ahí está el escándalo”.
Buscando una solución
Dado que hoy es posible encontrar aparatos telefónicos, fotográficos y de emisión y reproducción de sonido e imagen de tamaño pequeño y de bajo costo, existe un proyecto de Ley que propone prohibir a los electores ingresar con alguno de estos aparatos a la cámara secreta de votación, ya que fácilmente se podría fotografiar, grabar, filmar o enviar la imagen del votante en el momento de emitir su sufragio, con lo que el sobornante podría tener una prueba de extraordinaria fidelidad acerca de la forma en que el elector marcó su voto, más aun existiendo el voto foliado, que en este caso, sería una forma de fidelizar la imagen que se graba o envía, facilitándose de sobre manera la práctica del cohecho.
La iniciativa en comento constituye un valioso aporte a la lucha que significa velar por el respeto a las reglas del juego democrático. En caso contrario, no quedará otra alternativa que aceptar la pertinencia y vigencia de las palabras que pronunció Rousseau en su crítica al sistema parlamentario más antiguo del mundo: “Los ingleses creen que son libres, pero sólo lo son durante las elecciones de diputados. Después son esclavos, no son nada. Durante el breve período de su libertad, el uso que hacen de ella merece bien que la pierdan.”
*Versión extractada de una columna del autor publicada en BCN Blog Legal .
Efectivamente, el cohecho es un delito sancionado por nuestra ley penal, lo cual resulta esencial para garantizar un debido proceso elecionario y velar por la confianza que todos los ciudadanos deben tener en el.
Sin embargo, resulta curioso que al leer los hechos señalados por el autor del artículo y sobretodo la fuente por la cual se enteró, no haya operado lo preceptuado en los artículos 53 y 166 del Código Procesal Penal. A saber, el primero señala en su inciso segundo lo siguiente: “La acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regal especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público”; por su parte el artículo 166, señala también en su inciso segundo lo siguiente: “cuando el ministerio público tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito, con el auxilio de la policía promoverá la persecución penal”.
Creo que todos los hechos propios del cohecho y que efectivamente ocurrieron durante las cadidaturas fueron lo suficientemente notorios como para provocar alguna acción del ministerio público, sobretodo considerando la gravedad de los mismos. ¿Entonces por que no lo hacen? Respuesta sencilla, el robo de cajeros automáticos son mucho más importantes, porque no hay heridos, se hacen con ausencia de público y resultan dañadas una pobres empresas multimillonarias. Como se ve, eso resulta ser más loable y urgente de perseguir. Llegar a ser parlamentario o alcalde de manera indebida, no le interesa a muchos y parece que no causa perjuicio.
Lo mismo pensé al leer la noticia en el medio citado. ¿Por qué el diputado Fidel Espinoza – si tenía la convicción de que se cometía el delito de cohecho- no se hizo acompañar de la policía o requirió la intervención del fiscal? Por el contrario sólo se hizo acompañar de algunos periodistas.
El propósito es claro, obtener unas cuantas líneas en algunos medios escritos y un par de minutos en radio o tv para sí y los candidatos que apoyaba, mas no poner fin a estas prácticas por medio de acciones concretas.
Por ello destaco el Proyecto que comento en el artículo original, entre cuyos autores NO está el diputado mencionado.
Pero el Proyecto no depende sólo del trabajo de los parlamentarios, ya que es muy importante contar con la urgencia que pueda asignar el Ejecutivo, sin ésta el proyecto está destinado a su archivo.