Una vez más, Venezuela pasa a ser tema de política interna. Es conocido el hecho que el conflicto fue iniciado por el Senado chileno al designar unilateralmente a varios de sus integrantes, como observadores de las pŕoximas elecciones parlamentarias en ese país, cuestionando por adelantado la transparencia del proceso.
La prensa, invierte los roles presentando la respuesta venezolana como responsable de la escalada de declaraciones entre instituciones de ambos países.

Polémica que, como cualquier otra, concita opiniones diversas en nuestro país. La magia de la televisión, sin embargo, consigue la unanimidad.

“Los dichos de Hugo Chávez…siguen generando rechazo en nuestro país”, dice la edición central de 24 Horas del domingo. Sin un rastro de pudor, la tribuna noticiosa se le brinda con exclusividad a los parlamentarios alineados contra el gobierno de Caracas. El disenso se mantiene convenientemente oculto, excluído.
Como para probar que Chile es tan democrático que puede supervigilar a otras naciones.

Por otra parte, no deja de ser curioso que en la misma sesión del Senado,  se aprobara otro acuerdo que demanda el reconocimiento del gobierno de Honduras, emanado de unas elecciones organizadas por el régimen de facto de Roberto Micheletti. Tal proceso electoral, fue rechazado por la comunidad internacional, exceptuando a Estados Unidos y sus aliados.

Fue también esta flexible manera de entender la democracia, la que llevó al gobierno de Ricardo Lagos a legitimar el breve gobierno de facto de Pedro Carmona, tras el Golpe de Estado de 2002 en Venezuela.

A propósito de las reacciones por la imitación de Kramer al presidente Sebastián Piñera, el senador Camilo Escalona afirmó que “hay algunos que quieren volver a la época de la Edad Media, censurando lo que se piensa y lo que se habla y lo que transmiten los programas de televisión”. Una de los sentidos que se infiere de sus palabras, es que en Chile no existe la censura de contenidos. Desconoce el senador, que la censura ejercida por los medios de comunicación es una práctica sistemática, tanto en relación a ciertas opiniones, como a hechos  relevantes.

El caso más actual que podemos citar es el de la huelga de hambre líquida que iniciaron una veintena de presos políticos mapuche, el lunes 12 de julio. Pese al repentino interés de algunos medios por los derechos humanos y la democracia, el movimiento de los mapuche no ha sido consignado hasta el momento en los diarios y noticieros.

Paradójicamente, de los medios escritos, únicamente el diario La Nación informó del comienzo de la medida de presión. Ésta busca la libertad de los presos, el fin de la aplicación de la ley Antiterrorista, la desmilitarización de las zonas en conflicto, entre otras demandas. En televisión no se escucha una palabra sobre el particular. La experiencia indica que se informará sólo en el evento que los presos mapuche estén al borde de la muerte.

Censura legitimada

La censura corporativa -que se conecta con la concentración económica de los medios- no es un fenómeno nuevo. Durante la tramitación de la Ley de Prensa, en 1995, se incorporó una norma que establecía un derecho de rectificación en caso de silenciamiento. El artículo creaba la obligación de los medios de difundir “la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social“.

La derecha parlamentaria, impugnó el artículo ante el Tribunal Constitucional, que declaró la norma como inconstitucional.

Según los congresistas conservadores, la norma atentaba contra el derecho de propiedad, y limitaba la libertad de expresión de los medios, pues se obligaba a éstos a tener “…que informar, por voluntad de uno o más terceros ajenos, de hechos, opiniones o circunstancias que, libremente, jamás habría decidido informar.”*
En virtud de esa “libertad”, seguiremos desinformados.

*Sentencia TC, Rol 226.

Uruguay versus Ghana, el partido más emocionante de cuartos de final de Sudáfrica 2010, sólo pudo ser visto en directo por una minoría. Pero no ha sido completamente inútil. La actitud de desprecio de TVN hacia sus televidentes, al ceder buena parte de los derechos de transmisión del Mundial de Sudáfrica a DirecTV, ha inducido a muchos dudar del carácter público de la estación. Amén de la propaganda engañosa, existe una abierta discriminación hacia la mayoría que no tiene acceso a TV satelital e internet, y que gusta del fútbol.
A lo menos podemos afirmar que se cambiaron “las reglas del juego”, como se suele decir cuando lo que está en juego son intereses corporativos.

El fútbol, en tanto información socialmente relevante, viene “privatizandose” desde hace varios años. La creación de derechos exclusivos de transmisión de los goles del torneo nacional fue un hito importante en la dirección de comercializar directamente todos los productos asociados al fútbol. Tales derechos, hoy detentados por Mega, impiden al resto de los noticieros difudir las imágenes de los goles por varios días, limitándose a la entrega de resultados.

El valor social del fútbol como deporte más popular, no es considerado en nuestro país. Sólo es enarbolado como discurso patriotero y comercial. Argentina, otro país futbolizado, optó recientemente por garantizar por ley el acceso universal a “contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad“(art. 77 Ley de Medios). Camino que causa terror en los medios nacionales.

A propósito de la transmisión del Mundial, La Tercera editorializa justificando el accionar de TVN, negando la existencia de “derechos adquiridos” para ver los partidos en forma gratuita. De paso, señala como un mal ejemplo la adquisición de los derechos del fútbol por parte de la Televisión Pública Argentina.

Desde otra perspectiva ¿se habló de fútbol en televisión?. Ni aún en este campo se ofrece una programación inteligente. La cobertura del Mundial fue muy exagerada y además siempre centrada en cuestiones accesorias, nunca en el deporte. Así fue en los noticieros y en los espacios dedicados, presuntamente, al Mundial. En  las largas horas televisivas mundialistas perfectamente pudo existir un programa de análisis futbolístico, de historia de los mundiales, en fin,  algo un poco más elaborado que las esperables celebraciones o lamentaciones de los fanáticos.

La caída de Miguel Otero como embajador en Argentina, detonada por su defensa de la dictadura, encabezó los titulares de los noticieros centrales del martes 8 de junio. No había alternativa. Se trata de uno de los hechos políticos más salientes de los últimos meses.
Sin embargo, el tiempo dedicado a la noticia fue escaso en relación a su importancia. Meganoticias, Teletrece y 24 horas comprimieron toda la información en dos minutos aproximadamente, probablemente para pasar el trago amargo con la mayor celeridad posible.

Los canales de televisión a menudo tratan las noticias políticas desde un enfoque binominal, consultando la opinión de dirigentes de la Concertación y de la Alianza. En esta ocasión, dicho patrón sólo fue observado por TVN.

Tanto Canal 13 como Mega, omitieron el contenido de las críticas a Otero formuladas por la oposición y por organizaciones de derechos humanos. Teletrece le dió la palabra al propio Otero, al Canciller y a los senadores Larraín y Espina. Respecto de este último, se recortaron las palabras más agresivas dirigidas a la oposición (”la izquierda”, en palabras de Espina). De este modo, se entregó una noticia parcial, toda vez que precisamente esas críticas presionaron la salida del embajador.

Como en los viejos tiempos, Canal 13 opera como caja de resonancia del oficialismo, incluso a la hora de difundir informaciones negativas para el gobierno. Lo mismo puede decirse sobre Mega. No bastando con un canal de gobierno, la mayoría -sino todos- está a su servicio, demostrando que ese poder es y será utilizado.
Estos grados de control han empujado a dirigentes de la Concertación a “descubrir” la concentración de los medios en manos de la derecha. Tal vez sea demasiado tarde.

Para poder hablar de medios que cumplen con sus tareas esenciales, no sólo es exigible que no oculten información relevante, sino que además la comuniquen oportunamente. Frente a las denuncias de despidos masivos en el sector público, los grandes medios -con excepción de las radios- vienen estableciendo un cerco informativo difícil de perforar.

El inicio de la etapa más intensa del  conflicto puede fecharse aproximadamente hace dos semanas, cuando trabajadores de los ministerios de Educación y Cultura comenzaron las primeras acciones para detener lo que señalan como un clima de persecución en contra de los trabajadores de esas carteras.

Los diarios del duopolio no emitieron ni una sola nota durante ese tiempo, hasta el domingo 30 de mayo, cuando La Tercera publicó un brevísimo reporte.
Tampoco lo hizo la televisión.
Pese a que en el transcurso de estas semanas el conflicto ha ido escalando. Dirigentes de los empleados fiscales acusaban al gobierno de emprender una persecución política. Funcionarios del Ministerio de Educación tomaron las oficinas de la subsecretaría, obligando un pronunciamiento del ministro Joaquín Lavín, que tampoco tuvo cobertura.
Silencio absoluto.

Sólo el viernes 28 de mayo, algunos noticieros mencionaron por primera vez el tema. Pero también es preciso tomar nota de la causa y de la forma. Como factor determinante de la existencia de la noticia, está el hecho de que prominentes dirigentes de la Concertación interpelaran al gobierno por los despidos. Ese fue el enfoque de la cobertura, el malestar de una parte de la clase política.

Así fue, por ejemplo, en el noticiario Telenoche, de Canal 13. Escasos segundos para un par de dirigentes sindicales. Y en el estudio, una relajada entrevista … al senador demócrata cristiano Ignacio Walker, a quien se le consultó sobre la materia.

Se aplica – como en ocasiones pasadas-, un modelo de doble negación. Primero, censura prolongada de las denuncias en los medios de mayor impacto. Luego, tibia emergencia de la noticia a partir de sus repercusiones político- partidistas, desplazando a los protagonistas de los hechos a un lugar secundario.

La primera de ellas es que La Nación ha sido un mero instrumento propagandístico. Un  ”simple altavoz gubernamental” según el columnista de El Mercurio, Carlos Peña, quien proclama querer “salvar a La Nación“. Aun reconociendo que el diario se sobregiró en su apoyo al derrotado candidato Eduardo Frei, la afirmación constituye una simplificación interesada.  Por lo pronto, el duopolio  también tuvo sus candidatos, de modo que no es realmente crítico el punto.

Más allá de eso, La Nación exhibió mayor diversidad temática y de opinión que los periódicos que hoy buscan su liquidación. Y también fue muchísimo más pluralista que TVN, cuyo modelo algunos proponen aplicar al diario. En ese sentido, la  función de medio público fue mejor servida por el diario que por el mal llamado “canal de todos”.

En segundo lugar, la derecha se viene anotando un triunfo ideológico al convencer a muchos del cuestionamiento a la   existencia de un medio del gobierno.  ¿Dónde estaría la ilegitimidad? ¿No tienen los gobiernos derecho a comunicar aquello que estiman como logros de su gestión? Es decir, puede concluirse que sólo las minorías empresariales pueden bregar en el debate público con sus propios medios, pero no aquellos -que guste o no- obtuvieron respaldos masivos en las urnas.

La variante de esta idea, es que la mano invisible debe ser la guía sabia y única. Nada de subvenciones o financiamientos “distorsionadores”. Carlos Peña, afirma la necesidad de que La Nación esté sometido a “los rigores del mercado“.

Mirko Macari, fallido director de la nueva etapa del diario, sigue la misma línea argumentativa al sostener que “no hay ninguna razón para que el Estado subsidie un diario”. Agrega además que “los diarios no se dividen en diarios de izquierda y derecha…” sino que en “fomes y entretenidos” . Frase propia del discurso del fin de las ideologías, que permite intuir las razones de su elección por parte de los sectores más conservadores.

La experiencia demuestra que cuando un medio de propiedad estatal se somete a los “rigores del mercado”, termina siendo un instrumento propagandístico, no ya del gobierno, sino que de las cadenas de farmacias, AFPs, retail, etc. Ello, bajo la mascarada de directorios “pluralistas”.

Debate entre Marcelo Castillo y Mirko Macari en Política Stereo.

En el medio electrónico Cambio 21 aparece una nota donde se afirma categóricamente que Sebastián Piñera no puede vender Chilevisión a una empresa extranjera pues con ello se infringiría la ley.  Se refiere a la ley 18.838 que reglamenta – entre otras materias- las concesiones de televisión.

Tal vez  bastaría con recordar que varias empresas extranjeras explotaron hasta hace poco canales de televisión abierta (como el propio Grupo Cisneros) y que actualmente Red TV es controlada por el empresario mexicano Ángel González.

Pero parece conveniente precisar el punto. La ley sólo establece que las funciones de  administración deben estar a cargo de chilenos (gerentes, etc. ) Nada más. En lo que se refiere a la concesión no hay restricción  alguna de nacionalidad , sólo se requiere que el titular sea persona jurídica (una sociedad) y que esté constituida en Chile.

Por lo tanto, la legislación sí permite la venta de Chilevisión a un grupo extranjero. Y mucho más.

Nuestro país tiene una reglamentación extremadamente flexible sobre las concesiones de televisión. Esa es la triste realidad. La sola posibilidad de que el titular pueda ceder el uso de la concesión a cualquiera (como ocurrió con la Universidad de Chile) da cuenta del imperio del dogmatismo liberal y del desprecio por la televisión como instrumento potencialmente útil a la sociedad.

Si bien la publicación de Cambio 21 es errónea, apunta a una aspecto que a nadie parece importar. Los indicios de la venta de Chilevisión deben llamar a la preocupación. Tanto Televisa como el Grupo Clarín representan en sus respectivos países la cara de los monopolios de la comunicación, la prepotencia de la censura.

Pero lo más importante es que la situación de Chilevisión permite corroborar, una vez más, que no hay soberanía sobre un bien estratégico como es el espectro radioeléctrico. Por desgracia, la clase política se limita a exigir ciegamente la venta de la estación sin reparar en las cuestiones que trascienden el conflicto de intereses. Esta sería una notable oportunidad para discutir un tema que a unas minorías les conviene mantener en la nebulosa.
Volveremos sobre el particular.

“Protección permanente” fue el alarmista titular escogido por Teletrece del 17 de abril para informar de la renuncia del  Director de Gendarmería Iván Andrusco. La nota, si bien aludía  vagamente a los antecedentes que vinculan a Andrusco con el caso degollados y con la Dicomcar, relevaba las presuntas amenazas de muerte que según el funcionario motivaron su dimisión.

En el centro del relato  están las amenazas que desplazan el verdadero origen del escándalo político. Todo el material informativo gira en torno a ese elemento, desde la intervención del Ministro de Justicia a las  declaraciones del diputado comunista  Hugo Gutiérrez.

Con todo, la imprecisión del reporte permite sostener este cambio de rol de la persona de Andrusco, de acusado a víctima. Porque no se informa de la naturaleza de las amenazas. Sólo se enuncia que “venían en forma de blog”. Esta  frase sin sentido aparente esconde que lo que amedrentó supuestamente al ex agente de la Dicomcar fue un comentario amenazante de un lector del sitio web de The Clinic.

El dato es pertinente pues resta toda seriedad a las advertencias que señala Andrusco como detonadoras de su salida del cargo . Por lo demás, como comenta The Clinic, resulta inverosímil que un oficial de una institución armada, con  pasado  en organismos represivos, pueda sentirse intimidado por unas cuantas palabras anotadas por un furioso internauta.

La información incompleta funciona para la construcción de una representación del acontecimiento político que victimiza al personaje cuestionado.

Antes del desenlace, La Tercera explicitó su posición en relación al caso. La defensa de  Andrusco la fundó Copesa  en que no fue condenado, relativizando su pertenencia a un organismo calificado por la justicia como asociación ilícita terrorista. Más sutil fue El Mercurio que que intentó en todo momento bajarle el perfil a las denuncias del diputado Gutiérrez, “degradando” la noticia a la sección Nacional en vez de ubicarla en Política.

Pocas veces escuchamos hablar de la concentración económica de los medios . Y más aún, el tema de los medios no está nunca presente en la agenda, a diferencia de países vecinos donde existe un vivo debate que da lugar a nuevas regulaciones que cautelan la libertad de expresión.

En el podcast Panóptico, el periodista Fernando Paulsen comparte una particular mirada.  Admite que existe una concentración de la propiedad de los medios pero sólo a nivel de la prensa escrita. Según sus palabras ” en los diarios…el único tema donde la concentración tiene validez”.

Pese a su respetable trayectoria, Paulsen desconoce sin más que en televisión sólo operan unas pocas empresas e instituciones de una misma identidad  política. Omite además la avasallante presencia de grupos extranjeros en la radiodifusión chilena, así como el crecimiento de las radios pertenecientes a Copesa (Grupo Dial) y Edwards (Radio Digital).

Pero más cuestionable parece su conclusión sobre los efectos del dominio de estos dos conglomerados de la prensa escrita. Según sus palabras, eso no impide que  ” no pueda encontrar en esos medios visiones diversas o contradictorias o críticas”. Pone como ejemplo que El Mercurio critique en sus editoriales a Piñera por la demora en la venta de LAN.

Si confiamos en su visión no debemos asumir falta de pluralismo en Chile. Más inquietante es para Paulsen la remota posibilidad de que “el gobierno intente controlar internet”.

A despreocuparse entonces.

El pasado domingo llegó por fin a los kioskos el esperado Diario Uno (D1), proyecto encabezado por el economista Marcel Claude. La idea fue originalmente concebida en 2008 cuando a través de las redes sociales en Internet se intentó la conformación de equipos para lanzar un nuevo medio de comunicación.

En medio del triste y monocorde panorama de la prensa nacional, no puede sino ser saludada la emergencia de este proyecto, que ya desde el primer número aporta con artículos informativos sobre aquellos temas que a diario oculta el duopolio. Destaca un reportaje sobre los malas prácticas laborales ejercidas por el supermercado Líder y la protección que le brindan los medios.

La publicación de Diario Uno, semanario que nace con el objetivo de aparecer todos los días, aspira a fortalecerse mediante una estructura de propiedad participativa, abierta a quien quiera colaborar con una voz crítica y ciudadana.