Ese parece ser el mensaje que subyace a las informaciones sobre Guillermo Zuloaga, presidente del canal venezolano Globovisión, insistentemente señalado como crítico con el gobierno. Pesa sobre Zuloaga una orden de detención por un delito de contrabando de automóviles, que los medios interpretan como un atentado a la libre expresión.

Ayuda a esta interpretación el empleo de frases de ambiguo significado. La radio Cooperativa informó el 11 de junio que el “Gobierno venezolano ordenó detención de director de Globovisión”. Primero, no fue el gobierno quien expidió la orden sino que el Ministerio Público , órgano persecutor análogo al chileno. Ya el titular va direccionando la noticia, como se aprecia después en su desarrollo.

La nota de Cooperativa omite la naturaleza de la causa judicial, insinuando que responde a las imputaciones dirigidas por Zuloaga contra Chavez en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí, el empresario acusó al presidente venezolano de ser el responsable de las muertes ocurridas durante el golpe de estado de 2002. Pero eso corresponde a un episodio anterior. Sólo afirma como “una causa judicial adicional” la imputación por acaparamiento de vehículos.

El Mercurio, por su parte, publica una columna editorial titulada “Los medios contra Chávez”, donde proclama con total soltura que la libertad de expresión es “imprescindible para toda democracia real”. Insiste además en que existe una persecución política en contra de Zuloaga, sin mencionar que el mismo empresario no desmintió la imputación, admitiendo que “nosotros podemos ser que especulemos, pero damos fuentes de empleos”. Al mismo tiempo apoyaba el golpe de estado de Michelletti, afirmando su deseo de que en Venezuela “se respetara la Constitución”, “como se respeta en Honduras”.

Si bien es evidente el extendido conflicto entre los medios de derecha y el gobierno venezolano, resulta un mal argumento elevar por sobre el bien y el mal a sus propietarios, de forma tal que no pueden ser responsables de delitos comunes.

Por otra parte, los medios son también actores políticos, cada vez más incidentes, y en esa calidad intervienen en los conflictos políticos. La pretensión de transformarlos -bajo el manto de la libertad de expresión- en empresas intocables, al margen de toda regulación, refleja que la vocación democrática de algunos no es absoluto sincera, como se demostró en el pasado.

Según la radio Bío Bío “si más de algún compatriota ha querido mandarle un mensaje a Hugo Chávez, representó a todos tras decirle al presidente de Venezuela que era un dictador“.

Razón tiene la radio, la joven y fugaz “celebridad” representó a todos los medios nacionales.

Sin duda, la anécdota del twittero refleja el alto rendimiento de la propaganda contra el proceso venezolano. En Chile parece no haber dos opiniones sobre el particular. El patrón existente señala a Venezuela como una suerte de dictadura, donde no hay libertad de expresión y se “cierran medios opositores”.

A las informaciones falsas y tergiversaciones se añade un lenguaje que consolida el mito. Con frecuencia los medios chilenos hablan del “régimen de Hugo Chávez”. Algunos incluso se han dado el lujo de fantasear con la existencia de “exiliados”.

La potencia propagandística es tal, que aisla a los incrédulos que no siguen el discurso oficial sobre Venezuela. Los pocos que, en televisión, se atreven a controvertir la caricatura reciben como invariable respuesta de sus entrevistadores, una mueca, una risita, jamás un argumento.

El ciudadano común, probablemente tenga internalizada la idea de una dictadura en Venezuela. Los medios ocultan que la democracia venezolana permite, por ejemplo, que los ciudadanos revoquen el mandato presidencial. Asimismo, las fuerzas políticas que componen el gobierno se han sometido en numerosas ocasiones al escrutinio popular, en comicios observados por la comunidad internacional. En fin, la libertad de expresión es una realidad en Venezuela. A diferencia de Chile, allá si hay medios de oposición en televisión, radio y prensa escrita.

Por lo pronto, ningún medio de comunicación abunda sobre si efectivamente Hugo Chavez es un “dictador”. El silencio concede. La misma radio Bío Bio dice que “Chávez dejó claro que mientras más lo critican más le resbalan los comentarios”. Es decir, reafirma que al anónimo twittero le asiste la razón.
Esa es el arma más efectiva, no entregar ningún elemento que racionalmente justifique la afirmación. Simplemente, fijar una imagen en la conciencia. Que importa si  no es verdadera.

Aquí la indiferencia, la resignación. Al otro lado, los poderosos grupos económicos que controlan la industria de la información encontraron contraparte en la sociedad.

El 15 de abril pasado, miles de argentinos salieron a la calle a demandar la inmediata aplicación de la norma conocida como Ley de Medios*, aprobada en septiembre de 2009. Esta legislación se encuentra paralizada por tribunales del país a raíz de requerimientos de políticos opositores y la presión ejercida por los grandes medios cuya expresión más saliente es el Grupo Clarín.

La Ley de Medios (que reemplaza un decreto de la dictadura militar) contiene disposiciones  que limitan los monopolios,  lo que traerá consigo una nueva configuración del mapa mediático. Este es el aspecto más resistido por los actores privados, que ven este paso como un “atentado a la libertad de expresión”, posición que  comparten sus colegas chilenos.

Pero también hay otros componentes que democratizan efectivamente el acceso a las comunicaciones, como es la reserva de un tercio del espectro radioeléctrico (en radio y televisión) para organizaciones sociales sin fines de lucro, como también el fortalecimiento y creación de medios públicos y universitarios.

Si comparamos con  Chile, recientemente se aprobó una ley de Radios Comunitarias que reserva para éstas menos del 10% del espectro, además de otras numerosas limitaciones.

La legitimidad que goza la nueva legislación va mucho más allá de la formal aprobación en el parlamento. Aportaron a su contenido académicos y organizaciones sociales. Tal vez  ese procedimiento democrático sea determinante para  que la libertad de expresión, el pluralismo cultural e informativo se transformaran en demandas de vastos sectores del pueblo argentino.

Un importante precedente, tanto por los avances que plantea como por el fenómeno político que provoca y que promete irradiar al continente.

*Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en PDF)

]]> http://www.otraprensa.com/argentina-se-mueve/feed/ 1 http://www.otraprensa.com/una-entrevista-y-una-coincidencia/ http://www.otraprensa.com/una-entrevista-y-una-coincidencia/#comments Wed, 07 Apr 2010 02:46:58 +0000 Luis Cuello http://www.otraprensa.com/?p=618

Fases de una campaña. Pocos podrían dudar sobre la misión que se ha fijado el Grupo Prisa al extender sus brazos por América.  Cuentan además con periodistas bien dispuestos, militantes.
En la radio ADN,  Matías del Río y Beatriz Sánchez entrevistaron a la bloguera cubana Yoani Sánchez.
En este amable diálogo sobre la contingencia, los periodistas brindaron  toda clase de halagos a Yoani, al tiempo que formulaban preguntas que más bien eran opiniones que la entrevistada sólo debía complementar.

Con sobria objetividad Del Río preguntaba “¿por qué explicas esta vuelta atrás de un Raúl Castro que incluso es más duro… en mantener el régimen bajo su puño?”
En una entrevista política, lo normal y deseable es que se presente algún contrapunto que le de interés.  En una entrevista publicitaria ello no ocurre.

Cuba, prioridad nacional.

En el programa radial citado naturalmente no se mencionó el bloqueo norteamericano que pesa sobre la isla. Como tampoco se hace en los sendos informes que La Tercera y El Mercurio publican hoy sobre el denominado “corralito” y las desventuras del empresario Max Marambio.

Las portadas de ambos medios le han dado un descanso a Venezuela con el objetivo de convertir -como en otras ocasiones- a Cuba en un tema prioritario de la agenda política. Un tema de  múltiples dimensiones que emerge en forma de serie.

Porque, nótese que el mentado “corralito” no fue decretado ayer sino que es un proceso que lleva varios meses.

Pero por una coincidencia del destino es noticia de portada el mismo día en La Tercera y El Mercurio.

Cuba está nuevamente en el centro de la polémica, y se transforma en asunto de política interna con potencia incluso para revivir antiguas alianzas “por la democracia”. En ese contexto resulta pertinente preguntarse sobre el compromiso que aparentan tener ciertos medios chilenos con las libertades y los derechos del hombre.

No por sobradamente conocido, debe dejar de recordarse como un dato de la causa el activo respaldo de estos medios a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Aquí caben La Tercera, El Mercurio y el Canal 13.

Hoy, surge nuevamente la interrogante sobre el parámetro para determinar un modo de informar y en ocasiones también sobre qué informar.

La huelga de hambre de la activista de la causa mapuche Patricia Troncoso, sólo quebró el silencio informativo cuando llevaba cerca de 60 días, es decir, cuando un desenlace fatal era inminente.  Que decir de la cobertura que ha merecido la muerte de mapuches durante los últimos años a manos de la policía, el último de ellos, baleado por la espalda.

En estos días, la disolución de una marcha pacífica de opositoras en Cuba, un hecho por cierto reprobable, ha despertado una fuerte campaña mediática. No se ocuparon bastones,  gases lacrimógenos ni guanacos. Pero es señalada como “brutal agresión” por La Segunda. Tema de portada de toda la semana.

Parece tan evidente, pero en nuestro país,  la dura represión policial a las manifestaciones callejeras que opera como la regla general, nunca atrae la atención de los medios. No se le califica, salvo para enunciar la ritual frase “carabineros debió intervenir”.
El doble rasero campea en nuestra prensa y clase política.

¿Que sucedería si en Cuba un piquete de soldados cometiera el crimen de matar a culatazos a un ciudadano? Aquí, lo sabemos, es un hecho judicial sin mayores implicancias políticas, ni tampoco vinculado a los derechos humanos.

La permanente fijación del diario de Agustín por Venezuela no debe sorprender a nadie. Con ese propósito, se publican prácticamente todos los días noticias reales y de las otras.

La última, que ocupó la portada de la edición impresa, nos pone al día: “Embestida contra redes sociales: Chávez tendría plan para ejercer control de internet”.    El contenido se apoya en un artículo del diario venezolano El Nacional, que especula sobre la inminente aprobación de una  iniciativa legal que establecería un punto de acceso único a internet, que permitiría “controlar todos los mensajes”.

¿Cuál sería la fuente de este “plan”? El temor de “sectores relacionados a las nuevas tecnologías” a partir de la polémica por las campañas contra el gobierno de Venezuela desarrollada en las redes sociales. La dispersa nota de El Mercurio reza que “el gobierno tiene en su poder una ley, que éste asegura que no existe”, para afirmar luego que sólo falta la sanción del Congreso.

Ni la fuente original, ni El Mercurio, dan luces sobre el supuesto estado de la tramitación del proyecto, sobre el cual circularon borradores cuya autenticidad no ha sido verificada.  Lo real es que efectivamente se abrió una discusión sobre una nueva legislación de telecomunicaciones en 2008, oportunidad en que circuló la misma versión, sin que finalmente nada ocurriera.

El mismo diario El Nacional, no obstante asegurar sin citar fuentes que falta apenas un paso, afirma luego que “…en el Parlamento nadie quiso confirmar la llegada de esa ley para su discusión”. Es decir, todo indica que no está la dichosa normativa en el parlamento, menos aun a punto de su despacho.
La nula consistencia de la información explica su reproducción sólo en medios que no emplean filtros muy rigurosos.

El Mercurio, caracterizado como “prensa seria”, tiene la valentía de presentar en primera plana una especulación fundada en vagos “temores” de sus colegas venezolanos. La presunta aprobación de una norma de control  fue categóricamente desmentida por el presidente de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional (Congreso). Según el diputado, no existe tal ley para “controlar internet”. Fin de cuento, se acabó la polémica, no hay más réplicas.

El desmentido no será publicado, porque es parte de un modus operandi. Se rebota una noticia sin fundamento, alguien se hace cargo y la desmiente, pero ya quedó flotando.

Ya en 2007, usando el mismo modo condicional, El Mercurio se hizo eco de la “noticia” (más propia del día de los inocentes) de que el estado venezolano “arrebataría la patria potestad a los padres…” permitiendo que éstos visitaran a sus hijos con severos límites. Muy pronto se comprobaría que aquella  ley que “ya habría sido enviada a la Asamblea Nacional” no era más que  un descabellado invento de sectores de la oposición.

Por supuesto, El Mercurio, jamás practicó la corrección respectiva.

Reaparece Afganistán. Las tropas del Premio Nobel de La Paz secundados por británicos y soldados del gobierno colaboracionista de Hamid Karzai golpean con dureza a la insurgencia del Talibán. Y como ya es costumbre también a los civiles.

Como toda agresión militar, va acompañada de unas imágenes y un lenguaje que reproduce la prensa “amiga”. La ofensiva ocupó la portada de El Mercurio el pasado 14 de febrero con una fotografía sugerente (imagen superior) bajo la leyenda ” soldados estadounidenses junto a un civil afgano y su hijo”. La potencia imperial, personificada en un soldado, es el escudo protector de los débiles,  y busca “tomar control de una región usada para produción de opio y el entrenamiento de los guerrilleros”. Derrotar el mal.

Si para ello hace falta aterrorizar a los civiles, bien puede considerarse como un accidente de segundo orden. En un primer suceso fueron 12 los civiles asesinados por cohetes de la fuerza ocupante. El Mercurio lo consigna en una breve nota ilustrada por una fotografía que parece de un combate, absolutamente fuera de contexto.  A las doce personas nadie las mató por supuesto, simplemente “murieron” por un supuesto error que más tarde se aclararía que no fue tal.

La propaganda de guerra, aquella que responde a la necesidad política de una potencia militar, en este caso agresor, de anular comunicacionalmente al enemigo, se sirve siempre de los medios de su nacionalidad. Y también de otros que históricamente le han sido fieles.

La premisa más básica impone el cambio de roles. Nuestro Decano no recuerda que el conflicto en Afganistán se inició por una ocupación militar bajo la cobertura de la “Guerra contra el terrorismo” y que son precisamente estas fuerzas invasoras las que pretenden asegurar su presencia ilegítima valiéndose de crímenes de guerra. Total, “las familias de las víctimas serán compensadas“.

Dudosa moralidad del diario defensor de las ” libertades”.

No, en estricto rigor no fue así. La cadena MTV suspendió abruptamente la emisión de un capítulo de South Park donde se burlan del presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón.

Calderón, quien alcanzó la presidencia en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral, aparece en la sátira despilfarrando dinero robado a unos extraterrestres. Fue el propio canal MTV quien decidió cancelar el episodio, argumentando la necesidad de obtener permisos establecidos por la ley por el hecho de exhibir la bandera mexicana. Sin embargo, desde la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) advirtieron sobre la posibilidad de cursar multas de emitirse la parodia.

La cuestión es preguntarse sobre la reacción de los medios si esto hubiera ocurrido en Venezuela o en Bolivia. No es difícil imaginar los titulares: “Chávez prohíbe South Park” , “Morales contra los dibujos animados”, “Gobierno de Chávez censura South Park”, etc, etc. No es exageración, ya existen abundantes ejemplos.

En cambio, en la edición impresa de La Tercera encontramos esta aséptica nota sobre la polémica en México, salvando de dar muchos detalles sobre su contenido.

]]> http://www.otraprensa.com/calderon-censura-south-park/feed/ 2 http://www.otraprensa.com/el-caso-de-tv-chile/ http://www.otraprensa.com/el-caso-de-tv-chile/#comments Mon, 25 Jan 2010 16:08:25 +0000 Luis Cuello http://www.otraprensa.com/?p=396

Es obvio que existe un conflicto político entre el gobierno de Venezuela y el canal RCTV que tiene su origen en la activa participación de la estación (junto a otras) en el frustrado golpe de estado de 2002 y en el sabotaje petrolero de fines de ese mismo año. De modo que este no es más que un nuevo choque que tiene expresiones legales. RCTV desafía al gobierno a través del incumplimiento de la legislación sobre telecomunicaciones (Resorte), el gobierno responde presionando a los operadores de cable para doblegar la resistencia de  la estación opositora a someterse a la regulación que incluye la transmisión de eventos oficiales.

El conjunto de los medios nacionales e internacionales han descrito la situación alegando la existencia de una orden gubernamental, y denunciando el “cierre” de los canales entre los cuales se encuentra TV Chile, la señal internacional de TVN. Más allá de la discusión política que emana de estos hechos, es necesario hacer un par de  precisiones:

- Fueron las empresas operadoras de cable que suspendieron las transmisiones de  las estaciones argumentando que deben ajustarse a la ley. No hay, en consecuencia un decreto presidencial u otro acto administrativo como se pretende.

- El diario La Tercera distingue en su titular: “Chávez suspende señal internacional de TVN  y cierra canal opositor RCTV“.  No existe tal diferencia de trato entre uno y otro. Ambas señales fueron suspendidas temporalmente.

La medida que afectó a TV Chile no obedece a motivaciones políticas como sostienen algunos parlamentarios. Es en realidad producto de la negligencia del canal estatal que no obstante haber sido notificado con antelación omitió la presentación de la documentación que lo acreditara como canal internacional. Para ese evento, la normativa técnica presume que se trata de un canal de producción nacional y por lo tanto se le hace aplicable la legislación interna.

En entrevista con Radio Cooperativa, el presidente de los cable operadores indicó que basta que TV Chile presente una sencilla documentación  para reponer su señal.  Trámite que realizaron otros canales extranjeros sin que se presentaran inconvenientes.

A la luz de estos antecedentes la tesis de la “censura” de TV Chile no parece plausible y más bien corresponde a una reacción apresurada de algunos sectores políticos y mediáticos. Tal vez eso explique la demora de TVN para pronunciarse oficialmente y la escasa cobertura que otorgó a los airadas demandas de medidas diplomáticas formuladas por congresistas conservadores.

Actualización: El gobierno chileno descartó un problema diplomático, reconociendo implícitamente la negligencia de TV Chile. La vocera Pilar Armanet señaló que “…existen trámites administrativos que es necesario realizar”.

La Real Academia Española define patraña como “mentira o noticia fabulosa, de pura invención” . Durante todo un día, la portada digital del diario La Cuarta publicitó ampliamente  supuestas declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez que acusaban la utilización de un arma secreta por parte de Estados Unidos para provocar el devastador terremoto en Haití.

Atribuir esta noticia a una manipulación, a una interpretación torcida de las palabras de Chávez, sería muy inexacto.

Porque la “noticia” lisa y llanamente no existe. Ni el gobierno de ese país, ni menos el propio Chávez han afirmado poseer tan delirante información.

Hay desde luego elementos verídicos que permiten elaborar este producto final. Fue el canal de televisión estatal venezolano Vive que publicó una nota con la teoría conspirativa citando vagas fuentes rusas.   A partir de ahí, la toma el portal español ABC asignando arbitrariamente su autoría a Chávez .

Luego de esta mediación, la “noticia” se replica por diversos medios internacionales, que interesadamente no se dan el trabajo de cotejar su veracidad, y por el contrario la difunden hasta el hartazgo.

Eso explica la incoherencia del artículo de La Cuarta. Distintas citas textuales son atribuidas sin ninguna lógica  al gobierno, a Chávez, también a un informe oficial venezolano, y además a un informe ruso.   Estamos hablando de un mismo texto, emanado de distintas fuentes.

Como es evidente, Copesa recurre a este chabacano  artilugio empleando La Cuarta, y no La Tercera. Suponen que el perfil popular, más desinformado, del lector de La Cuarta es el más propicio para la asimilación del mensaje.

No es la primera vez que se reproducen informaciones falsas que persiguen sembrar el desprestigio del gobierno venezolano. Las caricaturas creadas por los medios se construyen con  perseverancia. En la guerra todo se vale, parece ser la consigna.