Publica La Tercera de ayer domingo -en su ya clásico formato de relatos de reuniones, obtenidos de fuentes anónimas- la versión de que el presidente estaría dispuesto a alejarse de la propiedad de Chilevisión.
En estricto rigor, Piñera efectivamente es propietario de la empresa y las instalaciones del canal, pero no lo es de la señal. Es más, nadie puede tener la propiedad del espectro radioeléctrico, pues es un bien público administrado por el Estado que otorga concesiones sobre su uso.

En el caso del Canal 11 (Chilevisión) es  la Universidad de Chile quien posee la concesión legal e indefinida de la señal. Fue en 1995 cuando la Universidad se desprendió totalmente de la administración del canal, que pasó a ser controlado por el empresario venezolano Gustavo Cisneros , según se detalla en el libro “Los magnates de la prensa” de María Olivia Monckeberg.  Entonces se entregó en comodato la concesión por 25 años, derechos que fueron cedidos a Piñera en 2005.

Entonces, en principio debiera expirar ese plazo para que la casa de Bello recupere la estación. Sin embargo, el rector Víctor Perez afirmó en un discurso la necesidad de que la señal sea devuelta a la Universidad.  Misma aspiración que formula la periodista María Olivia Monckeberg.

Tal alternativa es viable en el corto plazo en la medida que sea financiada con dinero público. Más allá de que parezca improbable en las actuales condiciones, la propuesta apunta al verdadero problema de fondo.

Porque -aunque se presente con muchas luces- que Piñera conserve Chilevisión en manos de una Fundación de su familia, o la venda finalmente a algún otro empresario de idéntica ideología es completamente irrelevante.

La cuestión capital no es cuidar las apariencias ni precaver conflictos de intereses,  sino que rescatar un instrumento creado  “para ilustrar a nuestro pueblo tanto en el arte como en la ciencia” según las palabras de sus fundadores.