Aquí la indiferencia, la resignación. Al otro lado, los poderosos grupos económicos que controlan la industria de la información encontraron contraparte en la sociedad.

El 15 de abril pasado, miles de argentinos salieron a la calle a demandar la inmediata aplicación de la norma conocida como Ley de Medios*, aprobada en septiembre de 2009. Esta legislación se encuentra paralizada por tribunales del país a raíz de requerimientos de políticos opositores y la presión ejercida por los grandes medios cuya expresión más saliente es el Grupo Clarín.

La Ley de Medios (que reemplaza un decreto de la dictadura militar) contiene disposiciones  que limitan los monopolios,  lo que traerá consigo una nueva configuración del mapa mediático. Este es el aspecto más resistido por los actores privados, que ven este paso como un “atentado a la libertad de expresión”, posición que  comparten sus colegas chilenos.

Pero también hay otros componentes que democratizan efectivamente el acceso a las comunicaciones, como es la reserva de un tercio del espectro radioeléctrico (en radio y televisión) para organizaciones sociales sin fines de lucro, como también el fortalecimiento y creación de medios públicos y universitarios.

Si comparamos con  Chile, recientemente se aprobó una ley de Radios Comunitarias que reserva para éstas menos del 10% del espectro, además de otras numerosas limitaciones.

La legitimidad que goza la nueva legislación va mucho más allá de la formal aprobación en el parlamento. Aportaron a su contenido académicos y organizaciones sociales. Tal vez  ese procedimiento democrático sea determinante para  que la libertad de expresión, el pluralismo cultural e informativo se transformaran en demandas de vastos sectores del pueblo argentino.

Un importante precedente, tanto por los avances que plantea como por el fenómeno político que provoca y que promete irradiar al continente.

*Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en PDF)